Han pasado 24 años y la herida sigue abierta. El devastador incendio de Mesa Redonda dejó una de las peores tragedias de la historia reciente del país: 277 personas perdieron la vida, 189 permanecen desaparecidas —entre ellas 28 niñas y niños— y al menos 173 menores quedaron en situación de orfandad, de acuerdo con los registros oficiales. Aquella noche, mientras miles de familias se alistaban para recibir el Año Nuevo, cientos de comerciantes y clientes se encontraban en el emporio comercial, expuestos a la activación masiva de productos pirotécnicos que se vendían de manera ilegal. El fuego no solo arrasó con puestos y almacenes, sino que marcó para siempre la vida de los familiares de las víctimas, quienes denuncian haber sido abandonados por el Estado desde el 29 de diciembre de 2001.
El paso de los años ha sido implacable para los deudos. Muchos fallecieron sin haber visto sancionados a los responsables ni haber recibido una reparación justa. El caso que agrupa a las familias afectadas, y cuya defensa encabeza el abogado Pedro Calvae, fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que el Poder Judicial archivara el proceso en el ámbito interno. Según el letrado, las víctimas exigen no solo una indemnización adecuada, sino también medidas claras que permitan establecer responsabilidades y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse, pues hasta hoy nadie ha sido plenamente identificado como responsable.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible la denuncia presentada contra el Estado peruano por lo ocurrido en Mesa Redonda. En su informe preliminar, el organismo señaló la existencia de diversos elementos que ameritan un análisis profundo, entre ellos el presunto incumplimiento del deber de prevención por parte del Estado, la deficiente elaboración de los listados de víctimas, la falta de una protección judicial efectiva, la imposición de montos indemnizatorios irrisorios y una posible vulneración del principio de igualdad en los criterios de reparación. Estos aspectos permitirían determinar una eventual responsabilidad estatal en la tragedia.
Por estas razones, la CIDH decidió continuar con el estudio de fondo del caso ante posibles violaciones de derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. Mientras tanto, los familiares mantienen viva la memoria y la esperanza de justicia. Cada 29 de diciembre se congregan en la iglesia San José, ubicada en el jirón Junín 891, en el Cercado de Lima, donde realizan una vigilia en recuerdo de las víctimas. A 24 años del incendio de Mesa Redonda, el reclamo sigue vigente y la justicia continúa siendo una deuda pendiente.
