En el caso de Vladimir Cerrón, la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú demoró 12 horas en llevar a cabo el allanamiento y la orden de detención. Para Óscar Acuña, la intervención policial se concretó recién cinco días después, mientras que en la situación del gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, el operativo se realizó seis días más tarde.
Estas dilaciones y fallas atribuibles a la Dircocor en la ejecución de allanamientos y detenciones, tanto del prófugo Vladimir Cerrón como de Óscar Acuña —quien en su momento se encontraba no habido— y del actual gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, facilitaron que los investigados eludieran la acción de la justicia.
Uno de los episodios más recientes corresponde al caso de Castillo. El pasado 5 de diciembre, el Poder Judicial atendió el requerimiento de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao para autorizar el allanamiento de la vivienda del titular del Gore Callao y ordenar su detención preliminar por un periodo de 15 días.
Posteriormente, el 9 de diciembre, el juez Edie Solórzano declaró fundada la solicitud del Ministerio Público, procedió a la notificación correspondiente y dio luz verde a los allanamientos, las detenciones y el levantamiento del secreto de las comunicaciones de 18 personas investigadas por los presuntos delitos de organización criminal y colusión, en el contexto del caso denominado “Los Socios del Callao”.
No obstante, a pesar de contar con la autorización judicial, la Dircocor ejecutó el operativo recién seis días después, durante la madrugada del lunes 15 del presente mes.
