El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en Lima Metropolitana, la provincia constitucional del Callao y 16 distritos ubicados en Cajamarca y Madre de Dios, como parte de una nueva estrategia destinada a reforzar las operaciones contra la delincuencia, el crimen organizado y las economías ilegales.
Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno y contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, se conformará un Comando de Coordinación Operativa Unificada para articular las intervenciones de las fuerzas del orden con los gobiernos locales, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Lima y Callao: ofensiva contra extorsiones desde los penales
Para Lima Metropolitana y el Callao, las disposiciones están contenidas en el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM y contemplan medidas específicas para combatir las comunicaciones utilizadas desde establecimientos penitenciarios para cometer delitos.
Entre las acciones previstas figura el corte de energía eléctrica en celdas, la eliminación de antenas clandestinas y la ejecución permanente de requisas destinadas a encontrar teléfonos celulares y tarjetas SIM.
El objetivo es reducir las comunicaciones ilegales desde los penales, particularmente aquellas que puedan estar relacionadas con extorsiones y otras actividades criminales.
Cajamarca: operativos contra minería ilegal y armas
En Cajamarca, el Decreto Supremo N.° 120-2026-PCM comprende los distritos de Encañada, Cachachi, Sorochuco, Huasmín, Hualgayoc, Bambamarca, San Ignacio, San José de Lourdes, Namballe y Bellavista.
En estas localidades, las operaciones estarán orientadas principalmente a enfrentar la minería ilegal, los delitos asociados a esta actividad y otros hechos de violencia.
La Policía, Fuerzas Armadas y serenazgo desarrollarán patrullajes y operativos conjuntos. También se prevé la intervención de Sucamec para el decomiso de armas, municiones y explosivos.
Las autoridades fiscalizarán las principales rutas utilizadas para el desplazamiento de vehículos presuntamente relacionados con actividades mineras ilegales. Asimismo, se contempla utilizar drones equipados con cámaras térmicas para detectar campamentos clandestinos y operaciones desarrolladas en socavones.
Madre de Dios: minería, tala ilegal y narcotráfico
El tercer frente de intervención comprende Tambopata, Inambari, Las Piedras, Laberinto, Madre de Dios y Huepetuhe, conforme al Decreto Supremo N.° 121-2026-PCM.
En esta región, las acciones estarán dirigidas a combatir actividades relacionadas con minería y tala ilegal, tráfico ilícito de drogas y otras formas de criminalidad.
Las disposiciones incluyen la identificación de pasos fronterizos no habilitados y mayores controles en puntos considerados estratégicos.
También se aplicarán medidas especiales en el establecimiento penitenciario de la zona, incluyendo restricciones a las visitas y el desmontaje de infraestructura de telecomunicaciones ilícitas.
Con estas tres declaratorias, el Ejecutivo busca incrementar la presencia de las fuerzas del orden en territorios considerados críticos y desarrollar intervenciones simultáneas contra distintas modalidades del crimen organizado.
